OSTA SOBRE EL ACUERDO SALARIAL PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: INSUFICIENTE, INJUSTO Y PROFUNDAMENTE CENTRALISTA
El nuevo Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en Madrid por CSIF y UGT, fija el porcentaje de incremento salarial que se aplicará a todo el personal público durante el período 2025-2028, en un 11,4%.
En primer lugar, es insuficiente porque este acuerdo no recupera el poder adquisitivo que el personal público ha perdido durante más de una década de recortes, congelaciones y precarización. Solo en los tres años que corresponden al último acuerdo económico (2022-2024) se ha perdido un 5,5 % de poder adquisitivo, que se eleva a más del 20 % si nos remontamos hasta el año 2010.
No entendemos que el actual acuerdo pasó de considerarse «ofensivo» por los propios sindicatos firmantes tras la primera reunión, a ser satisfactorio, por el mero incremento de apenas un 1 % en cuatro años.
Los incrementos retributivos para el personal al servicio de las administraciones públicas conforme al Acuerdo Marco firmado en Madrid serán los siguientes:
2025
Incremento del 2,5 %, con efectos retroactivos desde el 1 de enero; se abonará a partir de diciembre de 2025. Es significativo que un hecho negativo del Acuerdo Marco como es la tardanza de 1 año para su aprobación y puesta en marcha, se use como un logro al manifestar que se va a subir el salario un 9 % en 13 meses. La subida del 9 % corresponde a 3 años y no a 13 meses.
En comparación, en 2025 las pensiones se han revalorizado un 2,8 % y no han tenido que esperar un año para que se viera reflejada dicha subida.
2026
Incremento del 1,5 % fijo + 0,5 % adicional condicionado a que el IPC del año 2026 sea igual o superior al 1,5 %. Todo lo que suba el IPC por encima del 2% producirá una nueva pérdida de poder adquisitivo.
La OCDE prevé un IPC para este año para España de 2,3 %. En tal caso se confirmaría esa nueva pérdida de poder adquisitivo.
Además, la misma semana de la firma de este Acuerdo Marco, la Seguridad Social anunció que las pensiones se revalorizarán para el año 2026 en torno al 2,7 % tras el IPC provisional.
Es difícil de entender la diferencia de trato que este Gobierno da a los pensionistas y al personal funcionario si no es por una cuestión de conveniencia política.
Las últimas revalorizaciones de las pensiones han sido:
- Año 2022: 2,5 %
- Año 2023: 8,5 %
- Año 2024: 3,8 %
- Año 2025: 2,8 %
- Previsión Año 2026: 2,7 %.
2027
Incremento del 4,5%. Aquí se ve el carácter político del Acuerdo Marco y el miedo que ello genera.
Durante los dos primeros años del Acuerdo Marco en su parte económica se pacta revalorizar nuestro salario por debajo de las previsiones del IPC de la OCDE y sin embargo el año 2027, año electoral recordemos, este Gobierno va a elevar los sueldos públicos muy por encima de esas previsiones (la OCDE prevé un IPC para España en 2027 del 1,8 %).
Esta subida, al igual que las anteriores, deben materializarse a través de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o mediante la aprobación de un real decreto-ley que debe convalidarse por mayoría simple en el Congreso de los Diputados. Desde OSTA manifestamos nuestra preocupación de que los funcionarios puedan volver a ser rehenes del juego político de ese año 2027.
Desde OSTA, entendemos que después de la contención salarial aprobada hasta el año 2027, esta subida en año electoral responde más a una estrategia política de un partido político necesitado de votos que a un verdadero logro por parte de los sindicatos negociadores.
2028
Incremento del 2 %. No hay previsiones de la OCDE para este año todavía. En cualquier caso, dada la situación económica, el tiempo que falta y la ausencia de una cláusula de revisión salarial ligada al IPC, consideramos que esta subida es cuanto menos temeraria, por su alto riesgo de producir una nueva pérdida de poder adquisitivo.
En general, ninguna subida salarial es buena si no va ligada a una cláusula de revalorización según el IPC.
El acuerdo es centralista porque en el mismo se tratan temas concretos de la Administración General del Estado que no son de aplicación directa para el Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, incluye otras cuestiones que afectan a la promoción interna, desarrollando una formación homologada que facilite la promoción, convocatoria de concursos de méritos permanentes y abiertos como mecanismo de provisión de puestos de trabajo, compromiso de que las ofertas de empleo público deben llevarse a cabo en el plazo de un año, incrementar en la oferta de empleo público el número de plazas destinadas a la atención a la ciudadanía, medidas relacionadas con la igualdad y no discriminación y compromisos de actualización de permisos existentes.
Estos acuerdos tienen únicamente en cuenta la situación de la Administración estatal, ignoran las realidades territoriales, las necesidades específicas de nuestro Ayuntamiento y el derecho de los sindicatos de Aragón a defender con autonomía los intereses de quienes aquí viven y trabajan, por lo que son acuerdos que en definitiva no se van a aplicar a nuestro Ayuntamiento.
Y esto hace que el Acuerdo Marco sea injusto porque se tratan temas que no van a afectar a nuestro Ayuntamiento, influyendo y pudiendo ser moneda de cambio en los temas en los que sí se nos va a aplicar, como es la subida salarial.
Desde OSTA, exigimos que las condiciones laborales del personal público de Aragón no deberían decidirse en Madrid, sino en Aragón, en el seno de un verdadero marco propio de relaciones laborales.
Seguimos sufriendo un modelo centralizado y vertical que ignora las realidades territoriales, las necesidades específicas de nuestro territorio y el derecho de sindicatos como OSTA, comprometidos con el territorio y a defender con autonomía los intereses de quienes aquí viven y trabajan.
Mientras el Estado y sindicatos estatales celebran un “consenso” que beneficia más al discurso institucional que al personal público, nosotras y nosotros seguiremos reivindicando que las condiciones laborales del personal público de Aragón se negocien y se acuerden en Aragón.
En este sentido celebramos la eliminación definitiva de la tasa de reposición, que limitaba nuestra autonomía para decidir.
Comprobaremos ahora en la próxima plantilla municipal y la consiguiente Oferta de Empleo Público, cuál es el compromiso real del Gobierno de Zaragoza con el empleo público y con el personal municipal.
Ahora ya no servirá la excusa de la tasa de reposición como freno a la hora de dimensionar adecuadamente la plantilla municipal para prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía.
